Las moratorias de la deuda introducidas al comienzo de la pandemia proporcionaron un alivio temporal a los prestatarios; sin embargo, datos recientes revelan que también generaron un problema de préstamos morosos potencialmente adverso.
A raíz del inicio de la pandemia de la COVID-19 se adoptaron una serie de medidas de emergencia nunca vistas, como la limitación de los desplazamientos, el cierre obligatorio de los negocios no esenciales, la limitación de las reuniones y el teletrabajo. La crisis había afectado gravemente a la actividad económica, con pérdidas de producción a menudo superiores a las observadas durante la crisis financiera mundial iniciada hace más de una década. Muchos prestatarios vieron rápidamente cómo su flujo de ingresos se reducía drásticamente o se agotaba por completo debido a la pandemia. Desde entonces, las dificultades de los prestatarios fueron en aumento, con el telón de fondo de una recuperación económica muy incierta, el aumento del número de casos y la reintroducción de medidas de emergencia.
Las autoridades no tardaron en poner en marcha una serie de medidas excepcionales de alivio a corto plazo en respuesta a la creciente dificultad de los prestatarios para mantenerse al día con sus obligaciones. En el caso de España, estos programas adoptaron principalmente la forma de moratorias de pago temporales, en las que las decisiones sobre los prestatarios que cumplían los requisitos solían depender de los bancos, combinadas con medidas legales a corto plazo para suavizar la curva de la insolvencia. Los índices de morosidad agregados se mantuvieron generalmente estables mientras se aplicaron estas medidas, pero los gestores y los banqueros anticiparon que el aumento de los niveles de dificultad de los prestatarios se traducirá inevitablemente en nuevas presiones sobre la calidad de los activos del sector bancario que se harían cada vez más evidentes en lo que a los beneficios, el capital y los estados financieros de los bancos concierne.
De cara al futuro, el aumento de las dificultades de los prestatarios se traduce inevitablemente en nuevas presiones sobre la calidad de los activos del sector bancario. Dado que muchas de las medidas de rescate siguen vigentes, las presiones sobre la calidad de los activos aún no se reflejan plenamente en sus indicadores de calidad. Aunque no se sabe qué prestatarios se verán afectados de forma permanente y cómo se adaptarán los deudores a la «nueva normalidad», es evidente que muchos prestatarios, desde los hogares hasta las grandes empresas, se enfrentan a dificultades financieras que van mucho más allá de las tensiones de liquidez. Por lo tanto, es imperativo que los legisladores y los bancos se preparen para los complejos retos que supone la resolución de los crecientes volúmenes de morosidad.
Estos acontecimientos dan una mayor relevancia, por parte de las administraciones, a la resolución de la morosidad, teniendo en cuenta aquellas variantes más relevantes para las circunstancias actuales a las que se enfrentan los legisladores.
En primer lugar, la resolución eficaz de la morosidad requiere la disponibilidad de datos económicamente significativos sobre la exposición de los bancos a los activos problemáticos. Los reguladores necesitan esta información para calibrar la magnitud del problema, fundamentar sus estrategias de resolución de la morosidad, garantizar que los bancos provisionen adecuadamente las pérdidas crediticias y hacer un seguimiento de los bancos con una elevada exposición a la morosidad.
En segundo lugar, es necesario diseñar una salida ordenada de las actuales medidas excepcionales de ayuda a los prestatarios y de las medidas legales a corto plazo, destinadas a aplanar la curva de la insolvencia. Dado que los prestatarios siguen teniendo dificultades para cumplir con sus obligaciones de servicio de la deuda, existe una presión considerable para perpetuar estos regímenes. Prolongar el alivio excepcional de los prestatarios y las medidas legales a corto plazo conlleva costes ocultos, como el debilitamiento de la disciplina de reembolso, las ineficiencias de asignación asociadas a los prestatarios zombis y un posible impacto adverso en la liquidez de los bancos. Es necesario que los bancos y el público en general comprendan bien el carácter temporal y extraordinario de estas medidas para evitar que se perciban como una nueva normalidad y se conviertan en elementos permanentes. Si bien la cuestión de cuándo y cómo eliminar las medidas no tiene una respuesta sencilla, el principio general debería ser suprimirlas tan pronto como las circunstancias lo permitan, y teniendo muy en cuenta el impacto financiero en los bancos.
En tercer lugar, es fundamental que los bancos se preparen operativamente para la resolución de grandes volúmenes de préstamos dudosos. Esta tarea requiere unidades dedicadas a la resolución de problemas, separadas de los departamentos de concesión de préstamos, dotadas de los recursos humanos y financieros adecuados y respaldadas por sistemas de información sólidos y políticas específicas de los bancos en relación con la gestión y la resolución de los préstamos dudosos.
En cuarto lugar, los bancos deben buscar la máxima eficiencia a la hora de reestructurar los préstamos a largo plazo. Las empresas en dificultades, pero potencialmente viables, necesitarán una reestructuración adecuada, no las prácticas de extensión y simulación que se observaron a menudo tras la gran crisis financiera. Una reestructuración adecuada de los préstamos implica la reorganización de los pasivos del prestatario y la adecuación de las futuras obligaciones de reembolso a los flujos de caja previstos. La reestructuración de los préstamos no debe utilizarse como una herramienta para retrasar el reconocimiento de las inevitables pérdidas crediticias relacionadas con las exposiciones a prestatarios inviables o poco cooperativos, que deben ser conducidos hacia una salida ordenada. Hay que resistirse a las presiones para mantener a estos prestatarios a flote con medidas de reestructuración de préstamos de baja calidad, para evitar el bloqueo del stock de crédito en los sectores económicos de bajo rendimiento a expensas de los prestatarios más dinámicos, como ocurrió tras la crisis financiera mundial. Del mismo modo, es importante que, a pesar de la gran incertidumbre de las perspectivas económicas, los bancos hagan esfuerzos razonables para distinguir a los prestatarios con dificultades transitorias de liquidez de aquellos con problemas de solvencia más arraigados, lo que tiene consecuencias de gran alcance para el tipo de medidas de reestructuración que los bancos deben considerar.
En quinto lugar, si bien hay que tratar con determinación a los prestatarios inviables y poco cooperativos, la profundidad de la recesión da mucha importancia a los esfuerzos por garantizar que los prestatarios en dificultades, pero potencialmente viables tengan la oportunidad de rehabilitarse. Su rehabilitación implica no sólo la reestructuración de los préstamos, sino también la reestructuración operativa, es decir, cambios fundamentales en las operaciones de una empresa destinados a restablecer la viabilidad comercial de las empresas en dificultades.
El fomento de las soluciones extrajudiciales para estos prestatarios es una prioridad absoluta. Los marcos jurídicos deben permitir la reducción de la deuda y deben estar respaldados por regímenes fiscales que no desincentiven indebidamente la reestructuración. Además, se puede considerar la introducción de regímenes de duración limitada que ofrezcan a los deudores y acreedores beneficios especiales y puntuales a cambio de un plan de reestructuración acordado.
En sexto lugar, aunque España han avanzado mucho en la revisión de los marcos jurídicos, es necesario seguir esforzándose para salvar la distancia que ha surgido entre los marcos de insolvencia modernizados y las prácticas reales. Esto requerirá inversiones continuas en las instituciones que sustentan el funcionamiento en la práctica de estos marcos jurídicos, y que a menudo han tenido dificultades para seguir el ritmo de las reformas legales. Estas limitaciones de la capacidad institucional pueden agudizarse cuando se enfrenten a nuevas presiones sobre la calidad de los activos, con el correspondiente aumento de la deuda y los casos de litigio que ponen a prueba la capacidad de los acreedores, los deudores, los asesores y el poder judicial.
Por último, habida cuenta de las numerosas partes interesadas, la coordinación de las políticas es un elemento fundamental de cualquier estrategia para hacer frente a los elevados niveles de morosidad. Las estrategias de reducción de la morosidad en todo el país, diseñadas y aplicadas con la participación activa de las partes interesadas de los sectores público y privado, pueden contribuir a acelerar el ritmo de reducción de la morosidad. Una estrategia exitosa debe basarse en una sólida coordinación e interacción entre estos actores para garantizar que se tomen medidas oportunas y que éstas estén bien alineadas.
