La COVID-19 ha sumido a la economía mundial en una recesión que puede tener profundas consecuencias socioeconómicas. A medida que avanza la distribución de vacunas y se vislumbra el fin de la pandemia, otra herida amenaza con dejar una cicatriz más duradera: la de una persistente inseguridad económica. La pandemia ha provocado niveles históricos de desempleo, ha reducido los ingresos e interrumpido el crecimiento económico. Ha puesto en aprietos a los hogares de todas las clases sociales y repercutido en las empresas y mercados financieros.

La encuesta «Riesgos que Importan» realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de 2020 ha tomado el pulso a la salud económica de la población de los 25 países miembros de la OCDE. Los resultados presentan un panorama desolador marcado por los trastornos económicos y la creciente preocupación por la salud y la seguridad financiera. A pesar de las enormes inversiones gubernamentales en protección social durante la pandemia, los ciudadanos de la mayoría de los países de la OCDE buscan más apoyo público para salir de la crisis, y muchos se declaran dispuestos a pagar más impuestos para financiar mejores programas de salud, pensiones, empleo y cuidados de larga duración.

A continuación, analizamos los principales resultados de la encuesta “Riesgos que Importan” :

  • La incertidumbre en las personas se presenta como un sentimiento al alza durante la crisis de la COVID-19. Más de un tercio de todos los encuestados (37%) afirman que algún miembro de la familia ha experimentado la pérdida de empleo, un ERTE, una reducción de jornada laboral o un recorte salarial. La pérdida de empleo fue relativamente peor entre los jóvenes y los padres con hijos viviendo en casa. Si se incluyen los permisos pagados, los permisos no pagados y las dimisiones, el total se eleva al 44,2%.
  • Entre los hogares que perdieron un empleo durante la pandemia, el 68% tuvo problemas para pagar las facturas.
  • La COVID-19 ha aumentado la preocupación por la situación económica a nivel familiar. El 81% de los encuestados, que ha perdió el empleo, dice estar algo o muy preocupado por el bienestar financiero, social y económico general de su hogar en los próximos dos años. Incluso entre los que no informan de la pérdida de empleo, el 65% dice estar algo o muy preocupado por su seguridad social y económica en los próximos dos años.
  • Más del 60% de las personas que han perdido un puesto de trabajo desde el comienzo de la crisis afirman estar preocupadas por tener las habilidades y los conocimientos adecuados para trabajar en un puesto de trabajo seguro y bien remunerado dentro de una década, unos 10 puntos porcentuales más que la proporción de los que no han perdido su empleo.
  • Aquellos hogares que perdieron el empleo muestran una mayor disposición a pagar más impuestos para recibir una mejor protección social. El grupo que ha perdido el empleo está especialmente dispuesto a invertir más en ayudas al empleo (por ejemplo, servicios de búsqueda de empleo, formación profesional, acceso a fondos para emprendedores), ayudas al desempleo y ayudas a los ingresos, como las prestaciones de renta mínima.
  • A pesar de la ampliación generalizada de los sistemas de protección social en los países de la OCDE durante la crisis, existe un acuerdo entre los países miembros en que los gobiernos deberían hacer más para garantizar la seguridad económica y social y abordar las deficiencias en materia de protección social. En la mayoría de los países los encuestados con una menor solvencia económicamente son más propensos a pedir una mayor intervención gubernamental.
  • Al igual que en la encuesta de 2018, los encuestados están más preocupados por su salud, por llegar a fin de mes y por tener seguridad financiera para jubilarse.